Australia

El crecimiento económico repuntará en la segunda mitad de 2025

Se prevé que la desaceleración de la actividad económica registrada en 2024 se prolongue durante el primer semestre de 2025, antes de que la situación mejore en la segunda mitad del año, gracias al relajamiento de la política monetaria. La presión del coste de la vida y las condiciones financieras restrictivas siguen afectando a la demanda privada interna. Las tensiones en el mercado laboral se están atenuando, y la tasa de desempleo ha pasado de un mínimo histórico del 3,5 % a finales de 2022 a situarse por encima del 4 % en 2024. Aunque el crecimiento de los salarios nominales ha sido sólido, situándose en torno a una tasa de crecimiento anual del 4 % desde mediados de 2023, solo recientemente ha podido seguir el ritmo de una inflación en desaceleración para generar aumentos salariales positivos. El consumo de los hogares representa la mitad del PIB nacional y, como tal, ha sido débil debido al descenso de los salarios reales y de la renta disponible real per cápita de los hogares en los últimos dos años. Aunque los hogares se ven respaldados por un mercado laboral sólido y el crecimiento de los salarios nominales, la confianza de los consumidores se ha mantenido débil y es poco probable que mejore significativamente a corto plazo. Con unos elevados niveles de endeudamiento de los hogares (el 112 % del PIB) y unos tipos de interés altos, los australianos tienden a mostrarse cautelosos a la hora de gastar, especialmente ante los indicios de un mercado laboral menos firme.

El crecimiento de la inversión empresarial se moderó a lo largo del primer semestre de 2024, tras el fuerte crecimiento registrado en 2023. Tanto la inversión minera como la no minera se ralentizaron. Aunque la inversión no minera descendió en el trimestre de junio de 2024, el nivel de inversión sigue siendo elevado. La inversión en construcción no minera se vio respaldada por proyectos de infraestructura de energías renovables, centros de datos, almacenes y el avance de la cartera de obras de construcción pendientes. El aumento de los costes, la mayor incertidumbre empresarial y unas perspectivas de demanda moderadas harían que esta moderación de la inversión prevista se prolongara hasta 2025.

La bajada de los costes energéticos y la estabilidad de los precios de las materias primas deberían provocar un nuevo descenso de la inflación en 2025. Sin embargo, el impulso desinflacionista se vería frenado por los precios persistentemente elevados de los alquileres y la vivienda. La elevada inflación llevó al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a subir el tipo oficial de interés (OCR) en 425 puntos básicos entre 2022 y 2023, situándolo en el 4,35 % en diciembre de 2023. A pesar de que los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal, han emprendido una flexibilización de la política monetaria, el RBA sigue sin decidirse sobre la futura orientación de su política. La débil actividad económica y el gasto de los hogares son factores que limitan nuevas subidas de tipos, mientras que los indicios de una economía más débil de lo esperado, el deterioro del mercado laboral y una inflación menos persistente serían motivos para recortar los tipos.

Vuelven las presiones fiscales y sobre la balanza por cuenta corriente

Tras iniciar su proceso de consolidación fiscal en el ejercicio 2021-2022, Australia registró en 2023-2024 el primer superávit fiscal consecutivo en casi 20 años. Sin embargo, este buen comportamiento presupuestario debería llegar a su fin en 2024-2025, con el regreso del déficit presupuestario. El debilitamiento de la situación presupuestaria está relacionado con el aumento de los costes asociados a una serie de programas políticos, entre los que se incluyen nuevas medidas de alivio del coste de la vida (por ejemplo, recortes fiscales y ayudas para las facturas de energía), la ampliación de la financiación de determinados servicios sanitarios y de primera línea, así como el gasto clave relacionado con la transición energética esbozado en el paquete «Future Made-in-Australia» y un gasto en defensa que alcanza niveles récord. También refleja un crecimiento de los ingresos mucho más lento (+0,9 %) en comparación con el del gasto (+6,3 %). El Gobierno australiano prevé que las presiones fiscales continúen durante los próximos cuatro años y prevé déficits presupuestarios hasta el ejercicio 2027-2028 debido al gasto sustancial y en rápido crecimiento en intereses de la deuda pública, defensa y atención a las personas mayores. Los déficits persistentes, el aumento de los pagos de intereses y un crecimiento insuficiente supondrían un incremento de la deuda pública para financiar el presupuesto.

La balanza por cuenta corriente de Australia ha sido positiva desde 2019, impulsada por un superávit comercial en expansión y alimentada por el fuerte crecimiento de las exportaciones de materias primas. Sin embargo, prevemos que la balanza por cuenta corriente vuelva a registrar un déficit en 2024 y que este déficit se amplíe en 2025. La bajada de los precios de las materias primas (especialmente el carbón) y la menor demanda exterior de estas materias primas implican que los superávits comerciales no serán tan elevados como en los últimos años (media de 2019-2023: 4,6 % del PIB) y, por lo tanto, se corre el riesgo de que no puedan cubrir el déficit de ingresos netos (3 % del PIB) asociado a los importantes pagos de dividendos al extranjero a inversores extranjeros en empresas mineras.

Elecciones reñidas en 2025 y relaciones más sólidas con China

El Gobierno laborista de centroizquierda, liderado por el primer ministro Anthony Albanese, cuenta con 103 de los 227 escaños del Parlamento australiano, con una escasa mayoría (51,7 %) en la Cámara de Representantes (la cámara baja del Parlamento) y un 32,9 % en el Senado (la cámara alta). Esto significa que la colaboración con los diputados independientes (miembros electos de partidos minoritarios o independientes que no pertenecen ni al Gobierno ni a la oposición) es fundamental para aprobar leyes. La influencia y el número de diputados independientes en ambas cámaras del Parlamento han aumentado en las últimas dos décadas. El aumento del coste de la vida es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las próximas elecciones federales, que deben celebrarse antes del 27 de septiembre de 2025. Las prioridades políticas del Gobierno laborista se centran en los programas de bienestar social, las medidas para hacer frente al coste de la vida, la mitigación del cambio climático, la energía verde y la inversión en nuevas industrias (por ejemplo, el plan «Future Made in Australia»).

En los últimos años se ha producido un cambio significativo en la política exterior y de defensa de Australia, siendo la transformación más destacada la firma del acuerdo militar AUKUS con Estados Unidos y el Reino Unido el 15 de septiembre de 2021. Si bien el acuerdo de seguridad pretende contrarrestar el expansionismo chino en la región del Indo-Pacífico y aprovechar la cooperación militar y diplomática informal entre EE. UU., la India, Japón y Australia (en el marco del QUAD), la estrategia política australiana se centra más en desarrollar una nueva identidad como aliado estratégico que en obstaculizar a China, que sigue siendo un socio económico clave. Tras la escalada de tensiones a principios de 2023, Australia y China avanzaron hacia la normalización de sus relaciones comerciales, con nuevos compromisos económicos y la reanudación de los diálogos de alto nivel. Ambas partes también acordaron mejorar las comunicaciones entre sus fuerzas armadas para evitar futuros incidentes marítimos.

Pago

Las formas de pago son las siguientes:

efectivo; cheques personales y cheques bancarios: se utilizan para transacciones nacionales e internacionales;

tarjetas de crédito;

transacciones electrónicas: incluyen las transacciones electrónicas en puntos de venta (TPV), así como las realizadas a través de aplicaciones móviles, transferencias electrónicas de fondos (EFT) y transacciones por Internet;

transferencias electrónicas de fondos (EFT) y transferencias bancarias SWIFT: el método de pago más utilizado para las transacciones internacionales. La mayoría de los bancos están conectados a la red electrónica SWIFT;

el dólar australiano (AUD) forma ahora también parte del Sistema de Liquidación Vinculada Continua (CLS), un sistema de transferencias interbancarias para procesar simultáneamente transacciones de divisas.

Cobro de deudas

Fase amistosa

Se anima a las partes a negociar y a adoptar «medidas genuinas» para resolver los litigios comerciales antes de iniciar un procedimiento. Las partes que comparezcan ante el Tribunal Federal y el Tribunal Federal de Circuito deben presentar una declaración de «medidas genuinas». Entre los ejemplos de dichas medidas se incluyen las negociaciones de conciliación y las reuniones informales de conciliación con la otra parte.

Procedimientos judiciales

Si fracasa la fase de conciliación, se iniciarán los procedimientos. El Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur (NSW) cuenta con una lista especial para disputas comerciales, en la que las gestiona de forma proactiva para garantizar una resolución eficiente. También existen listas similares para disputas comerciales en los Tribunales Supremos de Victoria (Vic), Australia Occidental (WA) y Queensland (Qld).

Si una deuda empresarial está vencida, no se impugna y supera los 2.000 AUD, el acreedor puede emitir un requerimiento legal de pago exigiendo el pago en un plazo de 21 días. A menos que se efectúe el pago o se presente ante el tribunal una solicitud de anulación en este plazo, se presume que la empresa es insolvente. El acreedor puede presentar una solicitud de liquidación de la empresa del deudor. La presunción de insolvencia tiene una duración de tres meses a partir de la notificación de la requerimiento legal de pago. En el caso de las personas físicas, el proceso es similar, pero los procedimientos deben iniciarse ante el Tribunal Federal de Circuito o el Tribunal Federal.

En Nueva Gales del Sur (NSW), en los procedimientos de cobro de deudas, debe notificarse personalmente al deudor un escrito de demanda, tras lo cual este debe pagar la deuda o presentar y notificar una contestación al acreedor en un plazo de 28 días (NSW); de no hacerlo, podrá dictarse sentencia en rebeldía contra el deudor. Los plazos varían según el estado. Si el deudor no paga la deuda y presenta un escrito de contestación, el tribunal dictará autos para preparar el asunto para la vista, lo que incluye la presentación de pruebas y la preparación e intercambio de las pruebas en las que se basará la vista.

Durante esta fase, las partes pueden solicitar e intercambiar detalles de la demanda o del escrito de contestación presentado por la otra parte en forma de documentos a los que se haga referencia en la demanda o en el escrito de contestación (por ejemplo, copias de las facturas pendientes de pago pertinentes y de los extractos de cuenta). Si se ordena la presentación de pruebas, las partes deberán intercambiar todos los documentos que sean pertinentes para su caso. De lo contrario, todos los documentos en los que las partes deseen basarse durante la vista deberán incluirse en sus pruebas. Antes de dictar sentencia, el tribunal celebrará una vista contradictoria en la que los abogados de las otras partes podrán interrogar a los testigos de cada una de las partes. Por lo general, las demandas sencillas pueden resolverse en un plazo de cuatro a seis meses, pero las demandas controvertidas pueden prolongarse más de un año.

Si una de las partes no está satisfecha con la sentencia dictada por el tribunal, puede recurrir la decisión. Los recursos interpuestos contra las resoluciones del Tribunal Supremo son tramitados por el Tribunal de Apelación de ese estado o territorio. Cualquier recurso posterior es visto por el Tribunal Supremo de Australia. La parte que desee recurrir debe solicitar autorización y convencer al tribunal, en una vista preliminar, de que existe un fundamento especial para el recurso, ya que el Tribunal Supremo solo volverá a examinar los casos que presenten un claro fundamento jurídico.

Litigios

Los tribunales locales o los tribunales de paz (dependiendo del estado o territorio) conocen de litigios de menor cuantía que impliquen importes de hasta un máximo de 50 000 AUD en Tasmania (Tas), 75 000 AUD en Australia Occidental (WA), 100 000 AUD (Nueva Gales del Sur (NSW), Victoria (Vic) y Australia Meridional (SA)), 150 000 AUD (Queensland (Qld)) o 250 000 AUD (Territorio de la Capital Australiana (ACT) y Territorio del Norte (NT)). Por encima de estos umbrales, los litigios con reclamaciones de hasta 750 000 AUD en Nueva Gales del Sur (NSW), Australia Occidental (WA), Australia Meridional (SA) o Queensland (Qld) se tramitan ante el Tribunal del Condado o el Tribunal de Distrito. No hay Tribunal del Condado ni Tribunal de Distrito en Tasmania (Tas), el Territorio del Norte (NT) ni el Territorio de la Capital Australiana (ACT). Las demandas por importes superiores a 750 000 AUD en Nueva Gales del Sur (NSW), Queensland (Qld), Australia Meridional (SA) y Australia Occidental (WA) son tramitadas por el Tribunal Supremo de cada estado. El Tribunal de Condado y el Tribunal Supremo de Victoria tienen competencia ilimitada. En los demás estados y territorios, el Tribunal Supremo conoce de las demandas que superen: 250 000 AUD en el Territorio del Norte; 250 000 AUD en el Territorio de la Capital Australiana; y 50 000 AUD en Tasmania.

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Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia es ejecutable tan pronto como es dictada por el tribunal. El demandante dispone de un plazo de hasta quince años a partir de la fecha de la sentencia para solicitar la ejecución de una sentencia australiana mediante notificaciones de investigación, órdenes de embargo de cuenta o mandamientos de ejecución. Las notificaciones de investigación obligan al deudor a facilitar información sobre su situación financiera y sus activos, lo que ayuda a establecer una estrategia de recuperación. La orden de embargo de terceros permite al acreedor recuperar su deuda (con intereses y costas) directamente de la cuenta bancaria o del salario del deudor, así como de los deudores de este último. Por último, el auto de ejecución ordena a un alguacil que embargue y venda los bienes del deudor para saldar la deuda (junto con los intereses y las costas) que este adeuda al acreedor. En cuanto a las sentencias extranjeras, su ejecución en Australia se rige por regímenes legales (la Parte 6 de la Ley de Notificación y Ejecución de Procedimientos de 1992 (Cth) para las sentencias dictadas en Australia y la Ley de Sentencias Extranjeras de 1992 (Cth) para las sentencias dictadas fuera de Australia) y por los principios del derecho consuetudinario. El reconocimiento depende de si existe un acuerdo de reconocimiento y ejecución recíprocos entre Australia y el país emisor.

Procedimientos de insolvencia

Administración

Una empresa deudora puede ser sometida a administración por parte de sus administradores o de los acreedores a los que se les adeuda dinero. El administrador asumirá el control total de la empresa e investigará e informará a los acreedores sobre la actividad, los bienes, los asuntos y la situación financiera de la empresa. Los acreedores disponen de tres opciones: poner fin a la administración y devolver la empresa a los administradores; aprobar un acuerdo de reestructuración mediante el cual la empresa pagará la totalidad o parte de sus deudas; o liquidar la empresa

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Quiebra

Los acreedores que tengan una deuda judicial superior a 5.000 dólares pueden notificar al deudor una notificación de quiebra. El deudor debe pagar la deuda o solicitar la anulación de la notificación de quiebra en un plazo de 21 días a partir de su notificación; de lo contrario, se le considerará insolvente. El acreedor puede solicitar al Tribunal Federal de Circuito que declare la quiebra y nombre a un administrador concursal para la masa de la quiebra del deudor. El administrador concursal se encarga de recaudar, proteger y convertir en efectivo los activos del deudor, mantiene informados a los acreedores sobre la situación del deudor y distribuye el producto de la venta de los activos del deudor. Por lo general, el procedimiento de quiebra tiene una duración de tres años, pero puede prorrogarse si el deudor no coopera con el administrador concursal.

Administración judicial

Un administrador judicial es designado por un acreedor garantizado que posea una garantía o un gravamen sobre parte o la totalidad de los activos de la empresa, con el fin de recaudar dichos activos para saldar la deuda contraída con dicho acreedor. Si el proceso fracasa, puede iniciarse un procedimiento de liquidación.

Liquidación

Los acreedores o un tribunal pueden disolver una empresa y nombrar a un liquidador, cuya función consiste en reunir, proteger y convertir en efectivo los activos de la empresa, mantener informados a los acreedores sobre la situación de la empresa y distribuir el producto de la venta de los activos de la empresa. Una vez finalizada la liquidación, se da de baja a la empresa del registro.

Última actualización: noviembre de 2024