Emiratos Árabes Unidos

Fuerte desaceleración en 2026 en medio de tensiones regionales, antes de un repunte en 2027

La economía se ha desacelerado bruscamente en 2026, ya que el recrudecimiento de las tensiones regionales ha lastrado tanto la actividad relacionada con los hidrocarburos como la no relacionada con ellos. Aunque el sector no relacionado con los hidrocarburos podría beneficiarse de la base económica diversificada de los EAU, el crecimiento en turismo, transporte, comercio, construcción y servicios financieros se ha moderado debido a la menor confianza empresarial, la disminución de las entradas de inversión y el aumento de la incertidumbre geopolítica. Es por esta razón que, a pesar de que el PMI de los EAU se situó por encima de 50 en mayo de 2026 (52,6), las empresas siguen experimentando un descenso en los pedidos de exportación debido a las interrupciones en las rutas comerciales marítimas, las condiciones de seguridad y la incertidumbre económica. En este sentido, los EAU fueron objeto de más ataques iraníes que sus vecinos del CCG, lo que afectó directamente a su infraestructura logística y aeronáutica tras los ataques contra nodos críticos como la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái y el puerto de Jebel Ali. En consecuencia, se prevé que los ingresos por turismo internacional caigan casi un 30 % en 2026 con respecto al año anterior, hasta situarse en torno a los 30 000 millones de dólares. Una posible disminución de la inmigración —que representa casi el 90 % de la población de los EAU y una parte significativa del consumo de los hogares (el 50 % del PIB)— lastrará la demanda minorista y la actividad inmobiliaria. La actividad de la construcción (alrededor del 10 % del PIB) se ralentizará, ya que los inversores pospondrán los proyectos no esenciales y los promotores adoptarán una postura más cautelosa ante los elevados riesgos financieros y geopolíticos. Es probable que las actividades comerciales y logísticas también se vean obstaculizadas por las persistentes interrupciones en las rutas marítimas y el debilitamiento de la demanda regional. En el sector de los hidrocarburos, el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques aéreos contra infraestructuras obligaron a la ADNOC a cerrar importantes yacimientos marinos, lo que ha reducido drásticamente la producción petrolera de los Emiratos (alrededor del 25 % del PIB) en más del 40 %, pasando de 3,4 millones de barriles al día (bpd) a unos 1,8 millones. Esta es la capacidad de su único oleoducto de derivación operativo hacia Fujairah, en la costa este, que se encuentra fuera del estrecho. Se prevé que la producción de petróleo caiga alrededor de un 5 % interanual en 2026. Además, en abril de 2026, los EAU anunciaron su salida de la OPEP y de la OPEP+. Esto podría permitir a Abu Dabi aumentar su producción de petróleo hasta los 5 millones de bpd. De cara al futuro, una distensión sostenible de las tensiones geopolíticas regionales y la reapertura completa de las rutas marítimas de la región facilitarían una recuperación gradual en 2027. La mejora de las condiciones geopolíticas impulsaría el turismo, la confianza de los consumidores y la inversión, y restablecería la posición de los EAU como centro regional de comercio y logística. Es probable que la actividad de la construcción comience a recuperar impulso, junto con un gasto minorista acelerado y un sector de servicios más sólido, en consonancia con la mejora de la confianza empresarial. Un acuerdo duradero también reduciría las primas de riesgo y aliviaría las interrupciones en la cadena de suministro, lo que respaldaría una recuperación más amplia en toda la economía no petrolera.

Para apoyar la economía en medio de las condiciones de guerra regional, el banco central ha puesto en marcha un paquete de cinco pilares por valor de 1 billón de AED (272 000 millones de USD) destinado a garantizar el flujo de caja del mercado y la liquidez del sistema bancario, así como a reforzar la capacidad de concesión de créditos comerciales. Junto con el Paquete de Facilitación Económica de Dubái, de 1 000 millones de AED, y el Fondo Nacional de Resiliencia Industrial federal, de 1 000 millones de AED, esto debería compensar en cierta medida los efectos negativos de la guerra (por ejemplo, las mayores presiones sobre los costes debidas a las interrupciones en la cadena de suministro).

Las presiones inflacionistas han aumentado ligeramente a raíz del incremento de los precios de las importaciones (es decir, alimentos, vivienda y servicios públicos) como consecuencia de las interrupciones en las rutas de suministro regionales. Dado que la política monetaria está alineada de hecho con la de la Reserva Federal de EE. UU. debido a la paridad fija de la moneda, la evolución de los tipos de interés en los EAU seguirá reflejando en gran medida la postura de la Fed. En este contexto, es probable que el Banco Central de los EAU mantenga un enfoque prudente, dando prioridad a la estabilidad financiera y a unas condiciones de liquidez adecuadas, al tiempo que mantiene los costes de financiación internos en línea, en términos generales, con los tipos globales en dólares estadounidenses.

Los «dobles superávits» seguirán reduciéndose

Se prevé que los EAU mantengan un superávit fiscal en 2026, aunque es probable que el saldo se reduzca en cierta medida a medida que disminuyan los ingresos por hidrocarburos y el gasto público se mantenga elevado para respaldar la economía. Si las tensiones geopolíticas continúan aliviándose en 2027, la situación fiscal debería fortalecerse ligeramente, respaldada por una base de ingresos diversificada en consonancia con la recuperación económica (con los ingresos no petroleros representando alrededor de la mitad de los ingresos totales del Estado), los sustanciales ingresos procedentes de los activos soberanos (estimados en torno al 500 % del PIB a finales de 2025) y un sólido acceso a los mercados. Desde 2021, el Gobierno federal ha emitido bonos soberanos, obteniendo financiación a través de bonos y sukuk nacionales denominados en dirham, así como mediante emisiones internacionales. En 2025, la emisión de sukuk del Tesoro nacionales ascendió a unos 1 800 millones de dólares estadounidenses. En conjunto, se espera que estos factores proporcionen a las autoridades la flexibilidad suficiente para absorber la volatilidad de los precios del petróleo, al tiempo que se sigue invirtiendo en infraestructuras y sectores estratégicos.

Aunque se prevé que el superávit por cuenta corriente se reduzca debido al descenso de las exportaciones de hidrocarburos (que representan alrededor del 35 % del total de las exportaciones) a causa del cierre del estrecho de Ormuz, se espera que los colchones externos sean holgados. La liquidez en divisas se ve respaldada por las sustanciales reservas oficiales que mantiene el banco central (aproximadamente entre 260 000 y 275 000 millones de dólares, lo que equivale a entre el 30 % y el 35 % del PIB a finales de 2025), así como por los considerables activos del fondo soberano. En conjunto, se espera que estos factores refuercen la confianza en la paridad fija del dirham y mitiguen la vulnerabilidad externa, incluso en un contexto de condiciones desfavorables en los mercados mundiales y del petróleo.

Estabilidad interna en una región volátil

En contraste con su estabilidad política interna, los EAU siguen enfrentándose a elevados riesgos geopolíticos derivados de las tensiones regionales y la fragmentación mundial. Tras el conflicto regional, los EAU seguirán aplicando su política exterior pragmática, orientada a preservar la estabilidad regional. El acuerdo, conocido oficialmente como Memorándum de Entendimiento de Islamabad, firmado por EE. UU. e Irán el 17 de junio de 2026, ha aliviado los riesgos geopolíticos inmediatos y ha creado un marco para las negociaciones encaminadas a un acuerdo global. También ha reducido la presión sobre las rutas marítimas, ya que incluye medidas provisionales como la reapertura del estrecho de Ormuz y una prórroga del alto el fuego. Sin embargo, el memorándum de entendimiento solo ofrece un respiro temporal, ya que se trata de una herramienta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. La aplicación del acuerdo depende del compromiso político continuado de ambas partes. Hasta que se alcance un acuerdo definitivo, los Emiratos Árabes Unidos seguirán expuestos a nuevas tensiones regionales. Si el memorando de entendimiento evoluciona hacia un acuerdo de paz duradero, los EAU estarían en una buena posición para beneficiarse de la recuperación de los flujos comerciales a través del estrecho de Ormuz, el aumento del turismo, la reanudación de la llegada de expatriados y la mejora de la inversión extranjera, lo que respaldaría una recuperación generalizada de la economía no petrolera.

Los EAU operan en un entorno regional en el que sus prioridades geopolíticas no siempre coinciden plenamente con las de Arabia Saudí, otra gran potencia regional. Las diferencias en cuanto a los énfasis estratégicos son especialmente evidentes en Yemen, donde los EAU dan prioridad a la seguridad marítima, en contraste con Arabia Saudí, que se centra más en la gestión de las fronteras y de los conflictos. Además, las continuas tensiones que involucran a Israel y a los países vecinos siguen alimentando la incertidumbre. Aunque los EAU han tratado de preservar los lazos diplomáticos, de seguridad y económicos en el marco de los Acuerdos de Abraham (2020), una nueva escalada podría perjudicar la cooperación y aumentar los riesgos de seguridad regional.

Por último, los EAU se enfrentan a repercusiones geopolíticas derivadas de la fragmentación global, incluida la rivalidad entre EE. UU. y China, con regímenes de sanciones y restricciones comerciales. Estos factores pueden complicar los flujos financieros, las reexportaciones, las transferencias de tecnología y las decisiones de inversión. La economía diversificada de los EAU, sus sólidos recursos externos y su postura diplomática equilibrada mitigan estos riesgos. Los EAU también han ampliado su presencia económica más allá de la región, sobre todo a través de inversiones en infraestructuras logísticas y portuarias africanas lideradas por operadores vinculados al Estado. Estas iniciativas están relacionadas principalmente con objetivos comerciales y de comercio. Además, los EAU mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad con EE. UU. e incluyen una presencia militar estadounidense limitada, lo que sustenta unos lazos más amplios en materia de defensa y estrategia entre ambos países.

Pago

Los métodos de pago más habituales en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el efectivo, las tarjetas de crédito y débito, las cuentas abiertas, las cartas de crédito, los cobros documentarios y los cheques.

Los cheques son el método de pago más habitual y preferido en el país, especialmente en las transacciones comerciales, ya que su emisión no conlleva ningún coste, a diferencia de las transacciones respaldadas por una carta de crédito o cualquier otro tipo de garantía bancaria. Los cheques constituyen un título fiable de reconocimiento de deuda que puede hacerse valer directamente ante un juez. Además, el derecho penal de los EAU establece que una persona que entregue un cheque de mala fe sin contraprestación suficiente puede ser condenada a prisión.

Hasta 2016, los cheques posfechados se consideraban la mejor protección contra los retrasos en los pagos y se utilizaban con frecuencia en los EAU como garantías, ya que los cheques sin fondos se consideran un delito. La nueva ley no se pronuncia sobre los cheques sin fondos (NFS) y solo establece en el artículo 32 que todos los procedimientos judiciales, trámites y procedimientos de ejecución contra los activos del deudor quedarán suspendidos una vez iniciada la resolución hasta la ratificación del plan de concurso. El concurso de acreedores se define en el artículo 5 de la nueva ley como un procedimiento destinado a ayudar al deudor a alcanzar un acuerdo con los acreedores con arreglo a un plan de concurso bajo la supervisión del tribunal y con la ayuda de un administrador que se nombrará de conformidad con las disposiciones de la presente ley. A la luz de lo anterior, cualquier reclamación o procedimiento judicial interpuesto contra el deudor —ya sea en relación con cheques sin fondos u otro instrumento (esto se aplica también a los procedimientos penales relacionados con cheques sin fondos o devueltos)— quedará suspendido una vez que el tribunal haya admitido a trámite la solicitud del deudor para el mencionado concurso de acreedores preventivo. Cabe señalar que cualquier reclamación relacionada con un cheque sin fondos se tratará de la misma manera que cualquier otra reclamación no garantizada que pueda interponerse contra el deudor.

Los bancos de los EAU forman parte de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), que se utiliza para transferir dinero entre bancos, especialmente para las transferencias bancarias internacionales.

Cobro de deudas

Fase amistosa

El cobro de deudas comienza con el enfoque amistoso, durante el cual el deudor recibe un requerimiento de pago, seguido de una llamada telefónica del acreedor o de una agencia, con el objetivo de llegar a un acuerdo de pago.

Procedimientos judiciales

Los tribunales de los EAU están compuestos por: el Tribunal de Primera Instancia; el Tribunal de Apelación; y el Tribunal Supremo de Abu Dabi.

Ubicados en cada emirato, los tribunales de primera instancia tienen competencia general e incluyen un tribunal civil, un tribunal penal y un tribunal de la sharia. Tras una sentencia de uno de estos tribunales, las partes afectadas tienen derecho a recurrir ante el Tribunal de Apelación por motivos de hecho y/o de derecho. Posteriormente, las partes perjudicadas tienen derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo únicamente por cuestiones de derecho. El Tribunal de la Sharia se ocupa de los asuntos civiles entre musulmanes.

Procedimientos acelerados

Una orden de pago es un procedimiento en el que una parte solicita a los tribunales una sentencia sumaria contra un demandado por deudas comerciales, justificada mediante un título comercial válido pero impagado, como una letra de cambio, un pagaré o un cheque. Si se presenta una contestación a la demanda, el litigio deberá resolverse mediante un proceso ordinario ante el tribunal de primera instancia.

Procedimientos ordinarios

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una demanda ante el tribunal competente. Esta debe cumplir los requisitos procesales e incluir tanto los datos del deudor como los detalles de la deuda. El tribunal emite una citación que debe notificarse al demandado, en la que se indica la fecha de la vista.

Una vez que el deudor ha presentado su contestación, se aplaza el proceso para que el acreedor pueda responder. Se conceden nuevos aplazamientos para que ambas partes puedan presentar sus escritos. Cuando el tribunal considera que el caso ha sido suficientemente alegado, reserva la causa para dictar sentencia. Todo el procedimiento se basa en alegaciones escritas respaldadas por pruebas documentales. El tribunal dictará resoluciones en forma de medidas específicas y daños y perjuicios compensatorios. Por lo general, no se conceden medidas cautelares y las órdenes de embargo son difíciles de obtener.

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Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia judicial es ejecutable una vez que es firme. Si el deudor incumple la resolución judicial, el acreedor puede solicitar ante el juez medidas de ejecución, como una orden de embargo o incluso el encarcelamiento del deudor.

Cualquier laudo extranjero debe ser reconocido primero como sentencia nacional. Cuando existen tratados bilaterales o multilaterales de reconocimiento y ejecución recíprocos, este requisito es meramente una formalidad. A falta de tales acuerdos, el Derecho internacional privado nacional prevé un procedimiento de exequátur.

La última novedad legislativa en los EAU se refiere a las reclamaciones mercantiles, que ahora pueden presentarse mediante demandas de orden de cumplimiento si la reclamación financiera está sujeta a la ejecución de un contrato mercantil, o si el titular del derecho es un acreedor con un título de crédito y la deuda está reconocida.

Procedimientos y duración de la orden: Envío de una notificación notarial al deudor. Notificación de la misma al deudor con resultado satisfactorio. Plazo mínimo de cinco días a partir de la fecha en que el deudor reciba la notificación, para que pueda saldar las deudas. Inscripción de la orden de cumplimiento en el tribunal o en el sistema electrónico del tribunal, según la competencia territorial de cada uno. El juez dictará la resolución en un plazo de tres días hábiles, ya sea aceptando o desestimando la solicitud. En caso de que se dicte una resolución a favor del acreedor, se presentará una solicitud para notificarla al deudor. El tribunal notificará al deudor de la forma prevista por la ley. Si el deudor desea recurrir, dispondrá de un plazo de 15 días a partir de la fecha de notificación de la resolución. El tribunal de apelación examinará la defensa del deudor; si la considera válida, fijará una vista y convocará a ambas partes para instruir el asunto; si, por el contrario, considera que la defensa no es válida, desestimará el recurso directamente. Si el deudor no recurre en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que reciba la notificación de la resolución, se procederá a la ejecución. Duración aproximada de todo el proceso: entre 90 y 120 días.

Procedimientos de insolvencia

El 4 de septiembre de 2016 se aprobó el borrador definitivo de la Ley Federal de Quiebras. La nueva ley de insolvencia propone tres nuevos procedimientos de insolvencia:

PROCEDIMIENTO DE REORGANIZACIÓN FINANCIERA

Un proceso de conciliación extrajudicial y privado aplicable a entidades que aún no hayan entrado formalmente en situación de insolvencia, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo consensuado y privado entre las partes. La comisión nombra a un mediador independiente con experiencia en quiebras por un período de hasta cuatro meses para supervisar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PROTECTORA (PCP)

Un deudor que: (a) atraviese dificultades financieras, pero aún no se encuentre en situación de insolvencia; o (b) lleve menos de 45 días en situación de sobreendeudamiento o de suspensión de pagos, propone un acuerdo con sus acreedores al margen de los procedimientos formales de quiebra. El PCP incluye una moratoria sobre las acciones de los acreedores (incluida la ejecución de créditos garantizados) y somete al deudor al control de un administrador designado de entre la lista de expertos de la Comisión (el organismo gubernamental con competencia para supervisar los procedimientos de insolvencia), durante un período de observación inicial de hasta tres meses.

Otras herramientas clave del proceso del PCP incluyen la posibilidad de obtener financiación prioritaria al estilo «deudor en posesión» (DIP), que puede garantizarse con activos no garantizados o tener prioridad sobre las garantías existentes, así como disposiciones ipso facto que impiden la invocación de cláusulas contractuales de rescisión vinculadas a la insolvencia, siempre que el deudor cumpla con sus obligaciones como ejecutor. Se concede al deudor un plazo para presentar un plan, que posteriormente se somete a votación por parte de los acreedores.

QUIEBRA

El procedimiento se divide en dos elementos: un proceso de rescate en el marco de un procedimiento formal de quiebra, que es similar desde el punto de vista procesal al PCP (incluida una moratoria automática y la posibilidad de obtener financiación DIP); y un procedimiento formal de liquidación.

ACTUALIZACIÓN RECIENTE DE LA LEY DE QUIEBRAS:

El 22 de octubre de 2020 se anunciaron diversos cambios, aunque aún no se han publicado en el boletín oficial. Cambio clave: nuevo concepto de «crisis financiera de emergencia» (EFC), que se define como: «Una situación general que afecta al comercio o a la inversión en el país, como una pandemia, un desastre natural o medioambiental, una guerra, etc.». Nuevas disposiciones que modifican la Ley de Quiebras durante una EFC. El Consejo de Ministros de los EAU debe determinar cuándo existe una EFC, y aún no lo ha hecho. Al parecer, se requiere una decisión del Consejo de Ministros de los EAU antes de que las partes puedan acogerse a las nuevas disposiciones; si se declara una EFC, la nueva ley ofrece ciertas protecciones a los deudores, entre ellas: los deudores no estarán obligados a declararse en quiebra si no han pagado sus deudas en un plazo de 30 días debido a la EFC; Los deudores podrán seguir solicitando la quiebra durante la EFC y el tribunal podrá optar por no nombrar a un administrador concursal en el procedimiento si el deudor demuestra que la interrupción de su actividad empresarial se debió a la EFC; Los acreedores no podrán presentar solicitudes de quiebra, ya que el tribunal no aceptará solicitudes de quiebra contra ningún deudor durante la EFC.

Acuerdo con los acreedores (solo se aplica a las solicitudes presentadas por el deudor):

Si el tribunal admite la quiebra, el deudor podrá solicitar 40 días hábiles para negociar un acuerdo con sus acreedores. Si el tribunal lo aprueba, se publicará un anuncio que incluirá una invitación a los acreedores para negociar un acuerdo en un plazo de 20 días hábiles; El plazo de negociación ofrecido a los acreedores no podrá exceder de 12 meses; si se alcanza un acuerdo con los acreedores que representen dos tercios de la deuda, dicho acuerdo será vinculante para todos los acreedores (incluso para aquellos que no hayan participado); las negociaciones del acuerdo deben realizarse por escrito y ser aprobadas por el tribunal.

Última actualización: junio de 2026